sábado, 31 de mayo de 2008

LAS TRIBUS PERDIDAS DEL AMAZONAS


EDITORIAL
Hace unos días la Fundacion del Indio de Brasil publicó fotos de un grupo de indios miembros de una tribu de no contactados provenientes del Perú, que se habían refugiado en el estado de Acre
Los de la prestigiosa fundación afirman que -contra lo acostumbrado-publicaron las fotos para dar a conocer que el pueblo Murunahua está en peligro de extinción por efecto de la tala ilegal de sus bosques y la acción de mineros informales en sus territorios ubicados en Purús, Madre de Dios, Perú.
Una vez mas este caso demuestra la urgencia de iniciar un agresivo programa amazónico que ponga coto a los tres jinetes del apocalipsis: los narcos, los mineros informales y los taladores ilegales. Matan árboles y matan gente.
El EDITOR
( ESTE ARTICULO PROPIEDAD DE LA BBC DE LONDRES )
Una de las últimas tribus indígenas de Sudamérica que aún permanecen aisladas del mundo exterior fue fotografiada en una remota zona de la selva amazónica en la frontera entre Brasil y Perú.
La agencia gubernamental que defiende los derechos de los indios en Brasil, Funai, informó que decidieron tomar las fotos aéreas para demostrar la existencia del grupo e impedir que la minería ilegal destruya su tierra.
Una de las imágenes muestra el momento en que miembros de la tribu disparan flechas al avión de la expedición, que fue financiada por el gobierno del estado de Acre.
El organizador de la misión y coordinador del Frente de Protección Ambiental de Funai, José Carlos dos Reis Meirelles, señaló que las fotos fueron divulgadas "porque los mecanismos para proteger esas poblaciones no han servido".
Al parecer, el grupo fotografiado es el mayor de cuatro tribus aisladas que aún quedan en Acre. Según Meirelles hay registro de su presencia en la región desde 1910.
Una corresponsal de la BBC en Brasil, Carolina Glycerio, apunta que Survival Internacional, entidad que hace campaña por los derechos de los indios, estima que hay cerca de 40 grupos de indígenas aislados en Brasil.
Se cree que en todo el mundo hay un centenar de estos grupos que no han establecido lazos externos.
Según Mireilles, las comunidades fotografiadas están bajo amenaza por las actividades mineras en la Amazonía peruana.
"Todo lo ilegal que uno se puede imaginar ocurre en la Amazonía peruana. Del lado brasileño, la gente consigue vivir aislada y evitar invasiones".
Mireilles sostiene que por lo menos dos grupos pasaron de Perú a la Amazonía brasileña.
"Son por lo menos dos aldeas de como 15 ó 20 casas".

Meirelles sostiene que esos pueblos tienen el derecho de seguir viviendo aislados.
Para la activista de Survival International Fiona Watson el contacto con el mundo exterior no sólo violaría los derechos de los indígenas, sino que además podría resultar fatal.
Watson cita el caso de grupos cuya población resultó diezmada después del contacto, debido a enfermedades para las que no tienen inmunidad como el sarampión y la gripe.
"Males fácilmente curables para nosotros, pueden resultar fatales", indicó.
"Esos pueblos son únicos. Unas vez que desaparezcan, lo harán para siempre".


(Articulo propiedad de la BBC)

sábado, 24 de mayo de 2008

LOS NIÑOS DEL PLOMO

NOTA DEL EDITOR
Publicamos esta crónica -editada por nosotros para acortarla a los espacios de nuestro blog-como un ejemplo que nos recuerda los altos costos del crecimiento y el desarrollo cuando se heredan pasivos humanos y ambientales. (JSP)


Marina Walker Guevara *
Existe un pueblo en el Perú donde las casas, las calles, el hospital, el colegio y unas pocas áreas verdes están cubiertos por un polvo gris. Entre las partículas de esa nube negra que parece arena, hay plomo. El plomo que sale de las chimeneas de una fundición de metales que ha traído trabajo, “progreso” y docenas de historias de niños que no engordan ni crecen y que tragan esa tierra tóxica cada vez que se meten los dedos en la boca.
Mishell Barzola tiene seis años y hace tiempo dejó de crecer. Mide apenas un metro y pesa 14 kilos, sólo un poco más que su hermano Steven de dos años. Su madre, Paulina Ccanto, sospecha que el plomo se le ha metido en el cuerpo.
En La Oroya, Perú, donde vive Mishell, los niños respiran y tragan constantemente el metal que viaja en el aire y se deposita en el suelo. Cuando juegan al fútbol o a las canicas en las calles de tierra, el viento arroja polvo tóxico en sus caras. Cuando se llevan los dedos a la boca, los pequeños, literalmente, comen plomo.
“No la veo bien a la niña”, me dice Paulina sentada en la pequeña habitación que alquila en esta ciudad andina de 33.000 almas, 180 kilómetros al sureste de Lima. Anoche llovió y las goteras se han ensañado con la cama que comparten tres de los cuatro hijos de la mujer. Un débil rayo de sol se cuela por el mismo agujero del techo por el que se filtra el agua.
“Mishell no engorda ni crece. El doctor me dijo que puede ser por el exceso de plomo”, me explica Paulina casi susurrando, como si de ese modo la amenaza se tornase menos real. Su hija Rosario, de doce años, habla con la soltura propia de los niños: “A veces nos llenamos de plomo y nos da una enfermedad. Nuestro estómago se llena de plomo. Con eso también podemos morir”.
Es febrero de 2005 y Paulina está a la espera de los resultados de un examen de sangre que despejará todas las dudas sobre la salud de Mishell. En La Oroya, diversos estudios han demostrado que prácticamente todos los niños están intoxicados con plomo en niveles tres veces mayores, en promedio, que lo máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud.
La razón está del otro lado de las aguas cobrizas del río Mantaro, en la enorme chimenea de cemento que desde hace 83 años escupe sus humos en la cara de los oroyinos.
FUNDICION POLIMETALICA, CIUDAD ENFERMA
El complejo metalúrgico de La Oroya es, al mismo tiempo, el drama y la razón de ser de esta ciudad. De él viven las familias de los 4.000 obreros que trabajan en sus hornos procesando plomo, zinc, cobre, oro y plata. Miles de comerciantes y transportistas dependen de la fundición para su supervivencia. Y muchos otros han logrado que los nombres de sus hijos estén en la lista de asistencia social de la empresa estadounidense que desde 1997 maneja la planta, Doe Run Co., la productora de plomo más grande de América del Norte.
Recorro las calles angostas, laberínticas de La Oroya Antigua, la zona más cercana a la fundición. Trozos de vida urbana compiten con escenas casi coloniales: falta de agua corriente, ausencia de un sistema de cloacas, basura amontonada a la orilla del río. Hay una belleza irónica en la confusión de casas viejas pintadas de azules, de amarillos y de marrones; bares improvisados que empiezan a poblarse desde temprano y cabinas de internet abarrotadas de niños y adolescentes.
SALUD CON PLOMO
Hugo Villa es neurólogo y trabaja en La Oroya desde hace 25 años. Me recibe en el hospital Essalud, donde se atienden los obreros de la fundición y sus familias, pero me pide discreción y me conduce a una sala alejada del paso del público. El médico se ha unido a los grupos que reclaman que Doe Run cumpla con el plan de mitigación ambiental al que se comprometió cuando compró el complejo hace ocho años. Pero quienes se atreven a hacer ese reclamo, dice Villa, son rápidamente señalados por los trabajadores del sindicato como “traidores”. “Quien habla del problema de salud está yendo contra la fuente de trabajo”, me explica el médico en baja voz, igual que Paulina. Por esta razón, según Villa, los padres no preguntan sobre el plomo cuando llevan a sus niños al hospital. Tampoco expresan preocupación. “Es como si tuvieran miedo”, dice Villa, “me siento frustrado, impotente. Me da rabia. En 15 ó 20 años toda una generación va a tener problemas de desarrollo psicomotor”.
CUANDO LA OROYA ERA VERDE Y SUS CERROS UN PARAISO
La planta de La Oroya la construyeron “los primeros gringos”, como se refieren los lugareños a los estadounidenses de la compañía Cerro de Pasco Copper Corporation que desembarcó en estas alturas de los Andes en 1922. El complejo metalúrgico permitió que vivieran las minas a lo largo y a lo ancho de la sierra central del Perú, cuyos minerales necesitaban ser procesados antes de venderse en el mercado internacional. Por la complejidad de los procesos que allí se realizaban -procesamiento de minerales “sucios”, con alto contenido de sulfuros -, La Oroya se transformó en un lugar de referencia para ingenieros metalúrgicos de todo el mundo.
A los pocos años de creada la planta, los agricultores de la zona comenzaron a quejarse de que el humo secaba sus pastos.
Cuentan los memoriosos que los cerros de La Oroya por ese entonces eran verdes, y en el Mantaro, uno de los ríos más importantes de Perú, se pescaban truchas y ranas. Hoy las montañas que rodean La Oroya están peladas y manchadas de negro, y del Mantaro algunos pobladores dicen que “está muerto”. En 2003, una ley nacional declaró la emergencia ambiental de su cuenca, de la que son responsables también las minas de la zona de cerro Pasco y las decenas de pueblos andinos cuyos desechos cloacales van a parar al río.
Cuando en 1974 el gobierno peruano expropió y nacionalizó el complejo metalúrgico de La Oroya, la contaminación del suelo, el aire y el agua empeoró. Los pobladores se habituaron a vivir con los ojos rojos, inyectados, y un pañuelo siempre a mano para cubrirse la cara cuando “venía el humo”. Poco se sabía de la intoxicación por plomo por aquellos días porque todavía no se habían realizado estudios de sangre en la población.
FUJIMORI REMATO CENTROMIN Y VENDIO LA PLANTA DE LA OROYA A DOE RUN
Una mañana de octubre de 1997, un grupo de estadounidenses firmó un contrato con el gobierno del ahora prófugo Alberto Fujimori por 120 millones de dólares. Doe Run Co., con sede en Missouri, acababa de comprar la planta de fundición de metales de La Oroya en condiciones más que ventajosas. El acuerdo de venta especificaba que durante diez años la empresa estatal Centromín Perú, que vendió a Doe Run el complejo, asumiría cualquier demanda legal atribuible a la contaminación histórica de La Oroya. En ese período, los estadounidenses se comprometieron a desarrollar un programa de control de emisiones y efluentes industriales, entre otras medidas de mitigación ambiental.
Doe Run y la compañía neoyorquina a la que pertenece, Renco Group, enfrentan decenas de juicios en Estados Unidos por supuestos daños al medio ambiente y a la salud ocasionados por sus empresas. La Agencia estadounidense de Protección Ambiental acaba de demandar a una de las compañías de Renco por la presunta contaminación con PCB de los alrededores del Great Salt Lake, en Utah, donde opera una planta de magnesio.
El accionista mayoritario de Renco es el enigmático multimillonario Ira Leon Rennert quien, según la prensa estadounidense, posee una mansión en Long Island, Nueva York, que dobla en tamaño a la Casa Blanca, con 29 habitaciones y 40 baños. Una de sus empresas, AM General Corp., es una de las grandes proveedoras de vehículos militares del Pentágono, incluido el famoso Humvee.
La historia de Doe Run en el pequeño pueblo de Herculaneum, Missouri, donde la compañía tiene una fundición de plomo, no es menos controvertida. Cuando en 2001 los valores de plomo en la sangre de los niños comenzaron a subir, el gobierno ordenó a Doe Run reducir las emisiones de su chimenea y renovar la tierra de los jardines de las casas aledañas a su planta, entre otras medidas de protección de la población.
Así, en los últimos dos años la compañía ha cumplido con los estándares nacionales de calidad de aire en USA. Un panorama bien diferente al de Perú, donde la fundición de La Oroya arroja a la atmósfera alrededor de dos toneladas de plomo por día, de acuerdo con documentos de la empresa. Esto es menos plomo que lo que respiraban los oroyinos cuando la planta estaba en manos del gobierno peruano, pero es una cifra 29 veces mayor que la emisión de plomo en la planta de Missouri.
US$100 MILLONES DE DOLARES CUESTA CAPTAR HUMOS DE LA FUNDICION

Las condiciones de trabajo dentro de la planta mejoraron y la compañía puso en marcha algunos proyectos ambientales, como la construcción de un depósito para almacenar trióxido de arsénico, sustancia altamente tóxica. Sin embargo, en 2003 una auditoría internacional realizada a pedido del gobierno peruano mostró que la calidad del aire se había deteriorado en La Oroya entre 1995 y 2002, mientras que la producción de plomo se había incrementado.
Este fue el inicio de una serie de tira y aflojes entre el gobierno y la compañía que culminó el año pasado cuando Doe Run amenazó con retirarse de Perú si no se le ampliaba el plazo para completar el plan de mitigación ambiental que se vence en enero de 2007.
Los ejecutivos de la minera argumentan que la competencia de China y los malos precios del plomo hasta el 2004 -hoy en alza- los dejaron sin recursos para concluir el proyecto más importante desde el punto de vista del medio ambiente: la construcción de una planta de ácido sulfúrico, valuada en US$100 millones, que disminuiría considerablemente la emisión de gases y metales a la atmósfera. La planta captaría el dióxido de azufre -gas altamente irritante y responsable primario de la llamada lluvia ácida que debilita el suelo y las plantas - y a través de un proceso químico lo transformaría en ácido sulfúrico, un producto comercializable.
El rumor de que Doe Run podía irse de La Oroya se propagó rápidamente entre los obreros de la planta y los pobladores, y causó pánico.
EMPRESA Y TRABAJADORES UNIDOS, JAMAS SERAN VENCIDOS
En un acto inédito en la historia sindical del país, la unión metalúrgica se alineó con la empresa “en defensa de la fuente de trabajo”. A principios de diciembre pasado estalló una huelga que incluyó cortes de rutas y cobró la vida de dos ancianos, quienes junto a cientos de pasajeros de autos, buses y camiones quedaron atrapados durante dos días en la Carretera Central, principal vía de acceso desde Lima a la región centro del país y a la selva.
La escena contrastaba dramáticamente con la realidad de otros pueblos de Perú, donde en años recientes la población impidió la expansión de la minería. En la ciudad norteña de Cajamarca, la estadounidense Newmont Co. decidió acabar con sus planes de expandir la mina de oro de Yanacocha, la más grande de Latinoamérica, luego que los pobladores cortaron rutas en septiembre de 2004 para protestar por la contaminación del agua.
En La Oroya, las penurias económicas ganaron la partida.
EXTENSION DE PLAZO DECIDIDA POR GOBIERNO DE TOLEDO
Cuando moría 2004, el presidente Alejandro Toledo firmó el Decreto Supremo 046 que permite que Doe Run y otras mineras en apuros financieros postulen para obtener extensiones de plazos de hasta cuatro años en proyectos específicos de sus programas de mitigación ambiental.
El decreto irritó a grupos ambientalistas nacionales e internacionales, a la Iglesia católica y al gobierno regional de Junín, al que pertenece La Oroya. También se cobró el puesto de la ex directora general de Minería, María Chappuis, quien se oponía a que se otorgara tiempo adicional a Doe Run. “Creo en una minería sustentable, no en una minería a cualquier precio”, dice Chappuis sentada en la galería de su casa de Lima. Hace un silencio y sigue: “Me da pena la gente de La Oroya. Ellos no han conocido otra cosa; creen que todas las fundiciones trabajan como Doe Run”.
PLOMO VS UN PUESTO DE TRABAJO
Luego de varios meses de espera de los resultados, los rumores han empezado a circular entre los vecinos. El comentario, por lo bajo, es que los valores de plomo han salido altos. A los pocos minutos estoy rodeada por siete mujeres que apoyadas en sus escobas se interrumpen entre sí y me dicen que sí, que contaminación hay, pero que antes era peor y que “después de todo Doe Run da alimentos y ropa para los niños, algo que jamás pasó cuando el gobierno manejaba la planta”.
Un estudio reciente de la ONG Occupational Knowledge de California y de la fundación Labor de Lima mostró que 88% de las muestras de suelo tomadas en casas, escuelas y comercios de La Oroya tenían valores altos de plomo.
Un tercio de las familias de La Oroya vive en casas de una sola habitación, sin baño ni agua corriente. Por eso la vida se extiende a la acera, donde las mujeres cocinan, lavan y bañan a sus hijos pequeños en fuentones de plástico. Pero “cuando vienen los humos”, me cuentan, las madres hacen entrar a los chicos en las casas, apuradas, y cierran tras de ellos puertas y ventanas.
CINCO VECES LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES
La chimenea de la fundición despide más de 800 toneladas diarias de dióxido de azufre, sobrepasando cinco veces los límites máximos permisibles que establecen las leyes peruanas. Estas son las emisiones que se reducirían con la construcción de la planta de ácido sulfúrico que Doe Run quiere postergar hasta 2011.
Lejos de los humos de La Oroya, sentado en una oficina vidriada en el coqueto barrio limeño de San Isidro, Bruce Neil, presidente de Doe Run Perú, asegura que la compañía aplica en Sudamérica los mismos estándares ambientales que en Estados Unidos. Dice que las emisiones se han reducido más de un tercio y que seguirán mejorando.
“Tenemos una planta que tiene 83 años y que nosotros hemos manejado por 7,5 años y se la presenta como si fuera una empresa estadounidense. Esa categorización no es correcta, no es justa”, agrega Neil. Sentado a su lado, silencioso, está su mano derecha, José Mogrovejo, quien fue director de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas de Perú, ente de fiscalización de Doe Run, antes de aceptar el puesto de vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run Perú.
“Soy padre y soy abuelo”, me dice Neil en un inglés pausado, “el hecho de que haya niños con altos niveles de plomo es absolutamente inaceptable. Tenemos que bajar ese número a cero”. Luego me cuenta la otra parte de la historia: “El metal mejora nuestras vidas. Este edificio está hecho de minerales y de metales, y los autos y tu grabador también. No podemos vivir sin metales”.
A fines de marzo, finalmente, Doe Run y el Ministerio de Salud de Perú han dado a conocer los resultados del estudio de plomo. Todos ,menos uno, de los 788 niños menores de siete años evaluados tienen tres veces más plomo, en promedio, que el máximo de 10 microgramos por decilitro de sangre permitido por la OMS. Casi la mitad de los pequeños ya presenta deficiencias psicomotoras. Cinco niños tienen tanto plomo que, de acuerdo con los estándares de Estados Unidos, corren riesgo de muerte. .
Doe Run y el Ministerio de Salud se han apurado a diseñar un plan de contingencia para atender a los niños más afectados por la contaminación. Un grupo de chicos irá a la escuela en un pueblo cercano a La Oroya para evitar, al menos durante el día, la exposición a las emisiones tóxicas. A los otros niños se les está haciendo seguimiento médico y nutricional. Pero es incierto lo que sucederá con los miles de chicos que viven en La Oroya y que no participaron del estudio de sangre. En abril una jueza ordenó al Ministerio de Salud tomar medidas urgentes para proteger a todos los habitantes de La Oroya, pero los funcionarios peruanos han apelado la resolución.
En mi mente trazo paralelos con la ciudad de Herculaneum, Missouri, donde ya no se ven niños jugando en las cercanías de la fundición porque Doe Run, bajo la mirada estricta del gobierno local, los está trasladando a todos a pueblos aledaños, donde podrán crecer sin plomo. Pero La Oroya está en Perú, y en Latinoamérica, las dialécticas suelen ser tramposas: trabajo o salud, supervivencia económica o medio ambiente. Paulina Canto y sus niños lo saben bien. (Art{iculo origina publicado en http://www.ecoportal.net/content/view/full/78593

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